Derechos Humanos, ¿dónde?

En éste, nuestro mundo “desarrollado” (¿desarrollado?) de fachada perfecta, son pocas las ocasiones que tenemos de conocer de forma directa y poder mirar a los ojos a aquellos que son ignorados e incómodos para el sistema. Yo tuve la ocasión de hacerlo el pasado 6 de octubre cuando dos mujeres de palabra firme y manos amables visitaron Sant Boi, entre otras ciudades catalanas, con la esperanza como bandera. Esperanza en la sociedad civil, en la movilización, en la incidencia internacional que pueda hacer el conjunto de la sociedad. “Después de 13 años de angustias ya no tenemos esperanza en el sistema judicial de los Estados Unidos. La justicia no hará nunca justicia con nuestros familiares y sólo esperamos que la presión internacional consiga su liberación”, explicaba Magali Llort en uno de los actos que han protagonizado durante su estancia por tierras catalanas.

Adriana Pérez y Magali Llort son la esposa y la madre, respectivamente, de Gerardo Hernández y Fernando González, dos de los cinco cubanos (a los dos anteriores habría que sumar a Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González) detenidos en Miami en 1998 y condenados a penas desproporcionadas por “conspiración”. Desproporcionadas no sólo por la dureza de la sentencia (“Los 5 de Cuba” fueron condenados con penas de entre 15 años y cadena perpetua en prisiones federales de diferentes estados), sino por las penas adicionales que han tenido que sufrir tanto ellos como sus familiares. René González conoció a su hija cuando ésta tenía 9 años; las esposas de René y Gerardo no han podido visitar a sus maridos en 13 años; el correo postal tarda meses en llegar y las cartas tienen que ser abiertas y leídas en presencia de un funcionario, entre otras denuncias que tanto las familias como diversas ONG han hecho públicas.

Amnistía Internacional, por ejemplo, ha pedido en varias ocasiones la revisión del caso de “Los 5 de Cuba” aportando un informe y nuevos datos que demostraban la ausencia de pruebas claras sobre la culpabilidad o inocencia de estos cinco hombres respecto de los cargos que se les imputaban y que existían dudas sobre la justicia e imparcialidad del juicio, que no se habían resuelto en la apelación. Amnistía Internacional no sólo denuncia la imparcialidad en el juicio y el trato discriminatorio durante la detención preventiva, en la que no tuvieron acceso a sus abogados y documentación, sino que muestra su preocupación por la violación reiterada de normas internacionales y el código humanitario. Estas normas establecen un tratamiento humano de los presos y obligan a los Estados a proteger la vida familiar. Negar repetidamente visados a las familias de los detenidos, conocer por primera vez a una hija 9 años después de su nacimiento o ver a tu mujer una vez en 13 años no se podría considerar tratamiento humanitario de presos. Más bien parece un castigo adicional que condena, todavía más (si cabe) a los presos y a sus familias.

Los ojos de estas dos mujeres, que expresaban dignidad y a la vez desesperación, se empañaron al explicar que al día siguiente de nuestro encuentro uno de los 5, René González (condenado a 15 años), saldría de la cárcel, que no es lo mismo que quedar en libertad puesto que debía permanecer en territorio estadounidense durante 3 años más. 3 años más de encarcelamiento, sólo que en lugar de rejas, René tendrá una frontera de odio acumulado y rencor entre dos países que no le dejará, de momento, abrazar a sus hijas ni besar a su mujer.

Ojalá injusticias como ésta no estuvieran al servicio de la doble moral de los medios de comunicación que siempre se olvidan de algunas partes del mundo -normalmente de la mitad norte del hemisferio- cuando hacen la lista de países en los que se cometen violaciones de derechos humanos.

Ojalá, como cantaba Silvio...